Negocios son negocios


Negocios son negocios





De los actos de gobierno se desea por lo menos percibir que sean justos, es decir, que estén inspirados en principios de equidad.

A los fines de que esto suceda ha de verificarse en los hechos que las cargas han sido distribuidas de modo igual entre todos, en proporción a las posibilidades de cada quien.

Eso no es, empero, lo que generalmente se percibe, lo cual ha llevado a muchas organizaciones y sectores a la conclusión, discutible o no, de que los gobiernos se limitan a garantizar las bonanzas de los poderosos, a los que consideran sus socios naturales.

Una muestra de esto, se dice, puede observarse en la estructura impositiva y en la severidad –mayor o menor, según el caso— para hacer efectivas las recaudaciones fiscales.

A los más pobres, por ejemplo, no se les reconoce capacidad alguna de regateo (ni posibilidades de arreglos) al momento de pagar los impuestos. A ellos les vienen descontados de sus salarios, como el gravamen a la renta, o adicionados a sus compras, como el Itebis.

Esta es probablemente una de las razones por las cuales el impuesto al consumo se mantiene como el de mayor alcance a pesar de su vocación inflacionaria.

Por eso lo que llaman evasión fiscal suele verificarse en las alturas, donde los premios y castigos se juegan con fichas marcadas.

Hay en esos escenarios, por ejemplo, extraños premios por comportamientos extraños a la ley.

Como premio al quebrantamiento del acuerdo contenido en las disposiciones vigentes, a quienes han incurrido en prácticas ilegales se les convoca a negociar el pago de lo que en su momento dejaron de pagar.

Semejante práctica, que se ha seguido desde siempre en el país, no sólo tiende a profundizar la injusticia fiscal. También alienta el desconocimiento de la norma, porque, en fin de cuentas, acabará imponiéndose el criterio de que aquí todo es negociable, incluso las culpas.