Un año de desafíos económicos y políticos


Un año de desafíos económicos y políticos





Este 2012 que comienza comporta grandes desafíos para la sociedad dominicana, con expectativas de que se convierta en el año de la recuperación económica con reorientación de la inversión y del inicio de una real política de   contención de la delincuencia.

El gobierno parece empeñado en jugar a la estabilidad macroeconómica para lo cual son claves la implementación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la renegociación de la deuda con el Club de París y la aprobación definitiva del tratado de libre comercio con Estados Unidos, temas trascendentes que ocuparán la agenda nacional.

Para lograr los objetivos de estabilidad y recuperación sería fundamental evadir la tentación de adelantar la campaña para las elecciones congresionales y municipales del 2006 que estarían en la agenda del partido de gobierno, mientras los de oposición tratarán de superar sus crisis internas.

Año de la recuperación

El gobierno ha bautizado este 2005 como el año de la recuperación económica, consciente de que los logros de los últimos 6 meses no son más que un leve inicio de la superación de la profunda crisis económica derivada del descalabro bancario del 2003  agravada por el desbordamiento del gasto en el frustrado intento continuista del presidente Hipólito Mejía.

La expectativa de crecimiento económico para este año situada en 2.5 por ciento por el gobernador del Banco Central Héctor Valdez Albizu, es apenas 0.55 por ciento más que lo registrado en el año recién finalizado. Pero las autoridades cifran esperanzas de que la inflación caiga del 28.74 por ciento a un solo dígito.

Con un presupuesto en función del pago de deudas externas e internas y un acuerdo stand by de dos años con el FMI, el objetivo del gobierno parece ser mantener la estabilidad económica, con una tasa de cambio que se mantenga por debajo de 35 pesos por dólar, aunque para fines presupuestales fue estimada en 37.

Lo más relevante en el orden subjetivo parece ser mantener la recuperación de la esperanza en que el país puede recuperarse, que es el gran logro de los primeros meses del gobierno del presidente Leonel Fernández.

A esos fines se hacen todos los esfuerzos por cumplir el calendario de condiciones impuesto por el FMI, tanto en el orden presupuestario, como fiscal y de regulaciones. Lo mismo para concluir la renegociación de la deuda con el Club de París, todo lo cual se debe traducir en alivio de la carga de pago para este año como en seguridad para los inversionistas y recuperación del crédito externo.

La culminación de las dos negociaciones son objetivos de este primer mes del año, como forma de alentar las expectativas de recuperación, afianzando la tasa cambiaria y atrayendo mayor inversión, quedando pendiente para más tarde lo relativo al tratado de libre comercio con Estados Unidos, en manos del Congreso de ese país, y una nueva reforma fiscal que, de acuerdo con el FMI, debería aprobarse a mediados del año.

Pero como quedó demostrado en el anterior gobierno del PLD la estabilidad macroeconómica no es suficiente en un país con una deuda social tan grande con la mitad de la población que vive en niveles de pobreza. Se impondrían esfuerzos para retrasar el estallido de protestas sociales que comiencen a socavar la credibilidad en las actuales autoridades.

De hecho ya es notable la baja proporción destinada al gasto social en el presupuesto del 2005, y la “focalización” del mismo y de los subsidios no prometen una ampliación de la inversión en el combate a una pobreza que no sabe de macroeconomía ni cree en buenos propósitos.

Un año preelectoral

Por ser un año preelectoral el 2005 conlleva el riesgo de precipitación de una campaña electoral prematura que no solo consumiría grandes recursos, sino que lo politizaría todo, dificultando la gobernabilidad.              

El partido de gobierno debe ser el primero en evadir la tentación de precipitar la campaña electoral. Es obvio que pudiera actuar abiertamente en función de los comicios del 2006, pero ello dificultaría la colaboración política y especialmente del Congreso Nacional en orden a la gobernabilidad.

El realismo en aceptar que el Congreso es dominado por la oposición, y la capacidad para negociar con sus representantes ha sido un elemento positivo para esta gestión gubernativa del PLD, a diferencia del período 1996-2000. La pugnacidad con que arrancó el PLD hace 8 años impidió que la oposición le aprobara su primer presupuesto, el correspondiente a 1997, y de inmediato todo se condicionó a los comicios del año siguiente que, contradictoriamente para el gobierno, afianzaron el dominio perredeista en ambas cámaras legislativas.

Esta vez el PLD puede ser más paciente, entre otras razones por el descalabro que sufren los dos principales partidos de oposición, especialmente el mayoritario. Tanto el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como el Reformista Social Cristiano (PRSC) tienen grandes desafíos que marcarán su porvenir en el mismo primer trimestre del año.

Los dos partidos tienen programadas convenciones para reformas estatutarias y para renovar sus mandos en todos los niveles orgánicos en procesos que culminarían en marzo. Pero ambos atraviesan por divisiones y fuertes pugnas que consumen parte de sus energías y le restan credibilidad.

En ambos partidos hay grupos disidentes que podrían terminar negociando acuerdos electorales con el PLD para el 2006, pero una precipitación en ese camino rompería abruptamente el clima de entendimiento entre gobierno y legisladores de oposición con miras a enfrentar los críticos problemas nacionales.

Sectores peledeístas ya hablan de preparativos para los comicios del próximo año, pero deberían evadir toda provocación que promueva el sentimiento grupal del perredeísmo y el reformismo y dejar que se cuezan en su propia salsa de conflictos, sectarismos y ambiciones. Mientras el gobierno podría seguir proclamando la preponderancia del interés nacional sobre el partidario, llamada a redituarle beneficios políticos inmediatos y para los próximos torneos electorales.

El PLD tiene también programado este año su séptimo congreso ordinario, llamado a renovar cuadros directivos, pero sin los grandes conflictos que afectan a sus opositores.

Todo el sistema partidario dominicano tiene importantes retos para este año, como la aprobación de una ley de partidos políticos y otra de participación social que tiendan a fortalecer la institucionalidad democrática y mejorar sus relaciones con la sociedad civil organizada. Proyectos al respecto radican hace tiempo en el Congreso Nacional.

En los primeros meses del año tendrán que decidir sobre la ley que instituye las elecciones primarias, considerada inaplicable en algunos de sus aspectos, y que requeriría un consenso para su modificación. Por de pronto la Junta Central Electoral no dispone de presupuesto para financiar las primarias este año. Aunque nada impide que lo hagan con la partida correspondiente a los partidos políticos que este año serían unos 375 millones de pesos, el 0.25 por ciento del monto de los ingresos nacionales, de acuerdo al artículo 49 dela Ley Electoral.

Reformas para la seguridad nacional

Entre los compromisos ya asumidos por el presidente Leonel Fernández para comienzos de este año figura de manera preponderante una nueva política que permita enfrentar con éxito el sostenido crecimiento de la delincuencia.

Esté o no fundado en la realidad, la percepción subjetiva de la población es que la delincuencia se ha desmadrado en los últimos tiempos y que no hay instrumentos adecuados para combatirla, más allá de la “mano dura” que se ha demostrado ineficaz, dado que en el último decenio ha cobrado la vida de cerca de dos mil delincuentes o presuntos delincuentes, pese a lo cual crece la inseguridad.

El gobierno tendría que revestirse de una gran voluntad política para enfrentar la situación a fondo, partiendo de una reestructuración de la Policía Nacional que deje fuera a una importante proporción de sus miembros, unos comprometidos en el tráfico y la delincuencia, y otros incapaces para la tarea que se les asigna.

Ha resultado escandalosa la proporción de miembros de la Policía envueltos en la delincuencia de los últimos tiempos. Son persistentes las denuncias de complicidades que salen de los sacerdotes de los barrios y de los dirigentes de las organizaciones comunitarias. Un caso ilustrativo fue el de Azua, donde en septiembre varios agentes fueron involucrados con bandas de delincuentes, y en diciembre el comandante Lidio Arturo Nin Melo quedó preso, acusado de protagonismo en un tráfico de 1,387 kilogramos de cocaína.

Para la reforma policial se requiere una gran inversión en el reclutamiento de  recursos humanos, en su entrenamiento, en una elevación considerable de sus salarios y otras condiciones laborales, que permitan atraer cada vez más a jóvenes con mayores niveles de inteligencia y capacidad.

La inversión en equipamiento, incluyendo movilidad aérea y terrestre, tecnología avanzada, laboratorios y comunicaciones supone la búsqueda de muchos recursos no presupuestados para este año, pero que podrían conseguirse con la cooperación internacional o en última instancia mediante un financiamiento que en este caso nadie podría objetar.

El presidente Fernández es consciente del desafío inmediato de la delincuencia, pero falta por verse si tiene la voluntad política para pasar de los remiendos en un cuerpo que requiere una reestructuración de fondo. Los dos últimos gobierno, que incluyen el primero de Fernández, han aumentado notable como innecesariamente los efectivos militares y la inversión en equipos para las Fuerzas Armadas.

En cambio a la Policía Nacional la han dejado languidecer, aunque en esta urgían mayor número de agentes y de recursos. Pero esta vez el desafío luce ineludible, y así lo ha planteado el propio presidente de la República.