Riqueza institucional y cumplimiento ético


Riqueza institucional y cumplimiento ético





El país tiene como desafío poner en ejecución normas de estricto cumplimiento, para los sectores público y privado, lineamientos éticos que contribuyan a la consolidación de las instituciones y al mejoramiento de las condiciones de vida de cada ciudadano y cada ciudadana.

El presidente de la República, Leonel Fernández, anunció que el Banco Mundial financiará, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), un programa de transparencia que ayudará a reducir la corrupción y al aprovechamiento intensivo de los recursos en manos del Estado.

Ha dicho el presidente que eso requerirá el establecimiento de códigos éticos, y que en el caso del Estado se evaluará sus actuaciones a partir de la Convención Internacional de Lucha Contra la Corrupción. El sector privado tendrá que acogerse a los códigos de actuaciones éticas que se discutan y se aprueben.

Tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), como la AsociaciónNacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), se han apresurado a aclarar al primer mandatario que los sectores que ellos representan cuentan con sus códigos éticos.

Celebramos que sea así, pero advertimos que tanto el Estado como el sector privado deben hacer esfuerzos para cumplir sus normas o sus códigos. La sola existencia del código, en manos del gobierno o del CONEP y la ANJE, no es sinónimo de su cumplimiento.

Cada año la Convención Internacional de Lucha Contra la Corrupción es sometida a una evaluación por país, para determinar su nivel de cumplimiento. Son muchos los mecanismos de supervisión, nacionales e internacionales, sobre las actuaciones del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) en materia de corrupción. Hasta ahora los mecanismos de autorregulación empresarial en esa materia se desconocen en el sector privado.

Nos adelantamos a sugerir que el CONEP y la ANJE den a conocer su código ético, y si el mismo es de carácter obligatorio para todas las instituciones, federaciones y asociaciones empresariales que integran al CONEP y a la ANJE

Da la impresión de que ese código, si realmente existe, es desconocido para los empresarios vinculados a evasiones fiscales por el director General de Aduanas.

Pareciera que ese código tampoco existe para los empresarios opuestos a los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, que han impulsado la aprobación de un impuesto al sirope de maíz en el Congreso Dominicano. Y a cualquiera se le podría ocurrir que para los congresistas la ConvenciónInternacional de Lucha Contra la Corrupción no existe.

Cuando se miran detenidamente los textos legales de lucha contra la corrupción, incluyendo los decretos del Poder Ejecutivo y los actos del Poder Legislativo, además de los discursos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, queda la impresión de que en el país todos los códigos éticos están ya vigentes.

Lo que hace falta, y con urgencia, es que cada quien cumpla con sus obligaciones éticas, o las que se deriven de las instancias públicas y privadas a las que se está adscrito. Si así fuera, seríamos un país modelo y con mucha riqueza institucional y material.